Fue establecido por el gobierno de la Convención Nacional el 5 de septiembre de 1793, para tomar medidas severas contra aquellos sospechosos de ser enemigos de la Revolución (como nobles, sacerdotes y acaparadores). Su primera oleada, el mes siguiente, fue debida al peligro militar que corría la Convención, y durante ella se produjo la ejecución de numerosos girondinos y la de la reina María Antonieta.
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