Desde 2004, la CPI ha abierto cuatro investigaciones sobre crímenes cometidos en la República Democrática del Congo (RDC), Uganda, República Centroafricana y Sudán (que no es miembro de la CPI). Las tres primeras, a solicitud de los propios gobiernos de esos países africanos, y la última a instancias del Consejo de Seguridad de la ONU.
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